Que preparen una flota de pateras, metan en ellas a los simpapeles y los manden de vuelta a sus países. Será una de las pocas maneras de llevar a la práctica el apartado de la reforma sanitaria que les niega el derecho a la asistencia normalizada que garantiza la tarjeta. Así no habrá que verlos cuando imploren una consulta o una medicina.
Además, si no están, no podrán argumentar, como ha hecho ya el Consejo General de la Abogacía, que la Constitución de este país -que un día pensaron erróneamente que les acogería- no permite reformar derechos fundamentales mediante un decreto ley.
Ni podrán recordarle al Gobierno la contundente afirmación del presidente de los facultativos en este periódico: «Los médicos no podemos dejar de atender a nadie» ni valorar qué es urgente para negar una consulta, porque una tos de hoy puede ser mañana una tuberculosis.
Ni se enfrentarán al caos que desbordará a las oenegés, según han pronosticado desde Cáritas y otras organizaciones que están sirviendo ya de último refugio a miles de ciudadanos.
Que preparen una flota de pateras. Así no habrá que verlos y no serán una muda demostración de que la situación, cada día más grave, no se resuelve dejando tirados a seres humanos ni con recortes que solo afectan a los trabajadores mientras no se exigen responsabilidades a los verdaderos causantes del problema, ni echando la culpa de todo a los que ya perdieron las elecciones. Ni dividiendo y deprimiendo aún más a los ciudadanos. De esta, o salimos juntos, o nos vamos al garete casi todos. Menos los que controlan los mercados y los de las indemnizaciones millonarias.
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