NADIE DISCUTE que garantizar la sostenibilidad del sistema público de salud obliga a poner en marcha reformas. Pero antes de entrar a analizar las medidas que se propone adoptar el Gobierno, para reducir el gasto sanitario, conviene dejar claras algunas cuestiones.
Los problemas de financiación que padece el modelo no son consecuencia de la crisis económica que nos azota, aunque se han agravado con ella, vienen de antes. El encarecimiento de la sanidad pública guarda una relación muy estrecha con algo tan obvio como la mejora de la atención sanitaria en términos de cantidad y calidad.
Mejora que está vinculada a nuevos sistemas de organización en los servicios sanitarios y sus correspondientes protocolos, así como a las nuevas tecnologías. La cuestión tecnológica merece una especial matización, por cuanto no se trata sólo de aquellos aparatos y procedimientos que operan sobre la base de los avances científicos. Abarca a los medicamentos, aparatos y procedimientos médicos y quirúrgicos utilizados en la atención sanitaria; abarca también a los sistema organizativos y de soporte en los que se proporciona dicha atención.
Por tanto, hay un amplio campo para conseguir mejorar la eficiencia diagnóstica (por el lado del médico) y la eficiencia terapeútica (por el lado del enfermo) con iguales o menores recursos, y, en consecuencia, reducir los costes unitarios.
El otro factor que ha disparado el gasto sanitario es de origen demográfico y viene provocado por el envejecimiento de la población. Ese envejecimiento es, en parte, consecuencia de un hecho muy positivo: el aumento de la esperanza de vida, en buena medida debido a los avances registrados en la medicina, pero que son muy costosos.
Hay una relación directa entre gasto sanitario y edad, de modo que cuanto mayor es la edad mayor es el gasto sanitario. Según algunas estimaciones, en el 2025 el gasto medio anual sanitario de una persona de 65 años será 2.192 euros; entre 65-79 años, 8.570 euros; entre 80-94 años, 14.966 euros; y mayores de 95, de 28.479 euros.
Analizado desde la perspectiva del mantenimiento de la universalidad y equidad de sistema sanitario, la propuesta del Gobierno español se centra en el gasto farmaceútico y olvida otros factores que inciden sobre el coste total. Es decir, hace gravitar el peso de la reforma sobre los enfermos y las personas mayores, y no sobre la renta. No aportan más quienes más renta tienen, sino quienes están enfermos, y entre quienes están enfermos serán los que más renta perciben los que más paguen.
La progresividad no es tal. Pues, a su vez, utiliza como fuente para determinar la renta de los ciudadanos el IRPF (las rentas del trabajo), con lo que deja fuera de contribución a todos aquellos ciudadanos que obtienen sus ingresos por otras vías menos (o no) controladas.
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