SERÍA IRRESPONSABLE no reconocer que los presupuestos de las administraciones públicas están condicionados por la crisis y supeditados a la hoja de ruta que le dicta el Gobierno central. Lo que deja poco margen de maniobra para hacer políticas autónomas y, menos todavía, hacer maravillas. Algo que, al parecer, no lo tiene en cuenta el gobernador del Banco de España cuando arremete, además de forma indiscriminada, contra las comunidades autónomas, a las que viene acusando de despilfarradoras.
En realidad, para qué engañarnos, lo que está sugiriendo Miguel Ángel Fernández Ordóñez es que las autoridades autonómicas hundan las tijeras hasta rozar con los dedos en aquellos gastos que sostienen la estructura del bienestar. Y estos son fundamentalmente sanidad y educación, aun cuando haya otros, caso de las políticas sociales reguladas por la ley de dependencia, pero cuyo montante de gasto está todavía muy lejos de los que absorben las dos columnas del sistema.
De hecho, el gasto público en educación y sanidad ya sufre un tijeretazo considerable, en la medida que la mayor parte se concentra en el capítulo de personal y éste se rebaja, como consecuencia de aplicar automáticamente la reducción en un 5% de la masa salarial que remunera a los funcionarios.
Si el enfoque se hace desde la perspectiva de que la sanidad y la educación no son un gasto, sino una inversión, las consecuencias son otras: lo que en efecto están recortando quienes empuñan las tijeras es formación de capital humano y salud de la población. Y esos tajos afectan en mayor medida a las rentas más bajas, sin posibles personales para suplir en la educación y la sanidad privadas, lo que se escatima en el sector público, y eso se manifiesta también a las listas de espera. Es decir, se está produciendo un aumento de las desigualdades en el meollo de la cuestión: la renta disponible y la calidad de vida.
Por cierto, disponer de unos ciudadanos mejor formados y con buena salud incide positivamente sobre el sistema económico, al mejorar productividad del factor trabajo, al tiempo que ayuda a producir bienes y servicios de mayor calidad y mantener empleos con salarios más altos. Dicho sea esto para que los economicistas reflexionen antes de echar la lengua a paseo.
Porque cuando se habla de que es preciso ir hacia una administración pública más pequeña, la respuestas no pueden ser un sí incondicional. Antes el ponente deberá responder a algunas preguntas. ¿Más pequeña por qué, para qué y en favor y en perjuicio de quiénes? ¿Más pequeña respecto a qué y en función de qué intereses?
En los presupuestos de Galicia para 2011 no cabe culpar a la Xunta de los problemas de financiación que le vienen impuestos por el sistema. En cambio, sí es responsable de aplicar una política fiscal autóctona que deja en manos de la Hacienda central el papel recaudador y para sí misma se reserva el papel de regulador de rebajas según cálculos electorales.
Artigo extraído de El Correo Gallego
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